Redacción. La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha informado de que el Gobierno andaluz ha aprobado en el Consejo de Gobierno celebrado ayer de una ayuda de 5.674.451 euros para que servirá para paliar las consecuencias de 1.576 gaditanos frente al Covid-19.
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha puesto en marcha el Programa Extraordinario de Ayudas para el Alquiler de Vivienda, ideado para contribuir a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias más vulnerables y que destinará 4.161.264 millones durante 2020 y 1.513.187 millones en 2021.
Ana Mestre ha explicado que “la consejera Marifrán Carazo ha informado al Consejo de Gobierno de este programa, que cuenta con un montante de 30 millones después de que la Administración autonómica haya incorporado una partida adicional de 13 millones a los fondos insuficientes del Gobierno central, cuya dotación no respondía a la demanda y las necesidades reales de la población andaluza”.
La delegada ha indicado que «son muchos los gaditanos que necesitan estas ayudas porque en estos momentos no pueden pagar el alquiler, por lo que vamos a poner fondos de los que dispone Andalucía para las políticas de vivienda ordinarias para afrontar la crisis extraordinaria del Covid-19 en materia de alquiler de vivienda».
Reparto de fondos
Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. El desarrollo y gestión de estas ayudas es competencia de las comunidades autónomas.
En el reparto de fondos de la Administración del Estado, Andalucía ha recibido 17,1 millones de euros, que sólo cubrirían las ayudas al alquiler para 4.700 familias en toda Andalucía. Ante esta situación, la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio aportará un complemento hasta alcanzar los 30 millones de euros. Con esta asignación presupuestaria se podrá atender a unas 8.500 familias, una cifra que dependerá del precio de los alquileres y que se acerca más a la necesidad real que hay en la comunidad.
Desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se está trabajando en las bases reguladoras desde el día que el Gobierno central publicó la medida. De esta manera, la convocatoria será totalmente telemática, en concurrencia no competitiva y por la cual se podrá abonar el cien por cien de la renta del alquiler, con un máximo de 900 euros. Esta ayuda se podrá solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un periodo de seis meses, hasta el 30 de septiembre, según consta en la Orden Ministerial.
Requisitos para solicitar la ayuda
Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el paro, afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 40%. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad. Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar.
Para agilizar trámites, se podrá acreditar mediante declaración responsable, pero en el plazo de un mes deberán aportar la documentación acreditativa. Las solicitudes, que se podrán presentar a principios de junio, se resolverán conforme vayan llegando hasta donde alcance el crédito disponible y será necesario tener dada de alta una cuenta bancaria para el ingreso de la ayuda.
Además, desde la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio se ha alertado de que el Gobierno central ha incurrido en una duplicidad de vías en materia de exención del pago del alquiler, recordándose que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya aprobó una convocatoria por la cual las personas que no pueden pagar el alquiler podían pedir un préstamo avalado por el ICO (Instituto de Crédito Oficial). Por lo tanto, este préstamo hay que devolverlo y las ayudas de las que ofrece la Junta no.
