Europa Press. Un total de once atunes rojos se han decomisado en la tarde del pasado día 15, tras una inspección sorpresa al pesquero Nuevo Bamby mientras entraba al puerto de Tarifa, en una acción conjunta entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Guardia Civil y la subdelegación del Gobierno en Cádiz.
Según ha informado el Ministerio en una nota, el servicio marítimo de la Guardia Civil procedió a la inspección del pesquero y detectó once atunes rojos que el Nuevo Bamby llevaba remolcados bajo el mar.
El grupo especial de actividades subacuáticas recuperó los atunes que la tripulación del pesquero había fondeado en la bocana del mencionado puerto, al percibir que iban a ser abordados por el servicio de inspección pesquera en Cádiz. Los atunes recuperados se llevaron al muelle para su decomiso y posterior entrega al Banco de Alimentos de Algeciras.
Servicios de inspección pesquera
El operativo que culminó con éxito es el resultado de un trabajo previo por parte de los servicios de inspección pesquera, que detectaron que algún pesquero, pese a tener cuota para dicha especie, declaraba capturas diarias por debajo de una actividad pesquera normal, en comparación con otros barcos de la misma flota.
En paralelo, se comprobó que se estaban produciendo descargas ilegales dentro del puerto, culminando una de esas vigilancias con la intervención, el pasado mes de agosto, de una furgoneta con 15 atunes rojos capturados ilegalmente, sin haber pasado por lonja y sin la documentación preceptiva.
Ante la sospecha de que uno de los principales responsables de dicha pesca ilegal era el citado pesquero se estableció un dispositivo de seguimiento y vigilancia que culminó con la inspección en la mar e intervención de los once atunes rojos, que en total dieron un peso de 392 kilogramos.
Así, debido a la gravedad de las infracciones detectadas, y por el interés general, el pesquero Nuevo Bamby quedará inmovilizado como medida cautelar, mientras continúan las investigaciones y se procede, si es el caso, a fijar una fianza, al objeto de garantizar el buen fin del procedimiento administrativo abierto.
