Redacción. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley sobre incremento retributivo del sector público en 2020, en consonancia con los compromisos asumidos con los sindicatos en materia de función pública.
El Gobierno garantiza, con la aprobación del Real Decreto-ley, que el incremento se hace efectivo desde el 1 de enero de 2020. La subida salarial se aplica a las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial, lo que representa que se van a incrementar las retribuciones de más de 2,5 millones de empleados públicos..
En el caso de la provincia de Cádiz la medida beneficiará a 72.592 empleados públicos: 21.672 trabajadores de la Administración Pública Estatal, 34.092 de la Administración autonómica, 14.654 de la Administración local y 2.174 de la Universidad.
La aprobación de estos incrementos, para el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, “cumple con el compromiso contraído con los sindicatos para mejorar las condiciones laborales y retributivas de todos los empleados públicos, que han soportado en los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales.”
Incremento de las retribuciones
El incremento de las retribuciones para 2020 establece las siguientes previsiones:
– Un incremento fijo del 2% de las retribuciones de las empleadas y los empleados públicos con efectos 1 de enero.
– Un incremento variable, en función del crecimiento del PIB de 2019.
En el caso de la retribución variable del 1% para un crecimiento del PIB igual o superior al 2,5%, el porcentaje de retribución variable disminuirá proporcionalmente a la reducción que se produzca sobre dicho 2,5% (los porcentajes variables según el crecimiento del PIB quedan reflejados en la tabla resumen de incrementos).
Al margen de las cuantías establecidas anteriormente, se podrá autorizar un incremento de la masa salarial del 0,30%, como fondos adicionales para la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, entre otras medidas, previa negociación colectiva.
El coste del Real Decreto-ley, se calcula que ascenderá a 3.212 millones de euros.
