Redacción. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado al Congreso que autorice la prórroga del estado de alarma hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo para abordar la desescalada con prudencia y desde la unidad. Además, ha destacado que ese proceso será cogobernado por el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
En su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja, el jefe del Ejecutivo ha defendido la importancia de extender el estado de alarma, decretado el 14 de marzo para gestionar la crisis del COVID-19 y prorrogado en tres ocasiones con la autorización del Congreso de los Diputados, por razones sanitarias, económicas y sociales.
Pedro Sánchez ha recordado que si hace siete semanas y media la propagación del virus crecía diariamente un 35%, esa tasa es ahora del 0,31%, y ha asegurado que el resto de indicadores también demuestra, «con toda la prudencia», que la enfermedad está siendo controlada y el sistema sanitario ya no está colapsado.
Esa mejora -ha manifestado- se ha conseguido con muchos sacrificios y «avanzando juntos» y también gracias al estado de alarma. Tras esa «victoria parcial», España puede plantearse la fase de desescalada, que requiere de ese mismo instrumento legal porque es el único «que permite cegar las vías de contagio del virus cuando todavía conserva buena parte de su potencial letal», según ha argumentado.
Frenar la propagación del virus -ha añadido- exige limitar durante unas semanas más el derecho a la libre circulación y el derecho de reunión, con el objetivo último de salvar vidas y garantizar la salud pública. Sánchez ha señalado que, aunque cada vez sean menos severas, esas restricciones solo son posibles con el estado de alarma, la herramienta constitucional pensada para luchar contra pandemias y emergencias sanitarias, como establece expresamente la Ley Orgánica que desarrolla el estado de alarma.
Culminar el esfuerzo colectivo
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que el fin del estado de alarma no es la recentralización, sino evitar que el virus se desplace sin control entre provincias. También ha negado que busque limitar las libertades: «Todos los derechos de la Constitución están intactos».
La única meta del Gobierno -ha recalcado- es culminar el «gran logro colectivo alcanzado» para seguir protegiendo a todos los ciudadanos y recuperar la actividad social y económica. «Lo que hay que votar es si descendemos gradualmente o rompemos filas, si impera la unidad o se impone el sálvese quien pueda», ha expuesto para pedir el voto a favor del «arma jurídica imprescindible para completar la victoria frente al virus».
Pedro Sánchez ha sostenido que «no hay aciertos absolutos en la gestión de la pandemia» por parte de ningún gobierno o partido de la oposición, «pero sí puede haber errores absolutos». Levantar ahora el estado de alarma -ha defendido- sería un error total e imperdonable que el Ejecutivo no va a cometer. El presidente ha exhortado a evitarlo en nombre de todos los fallecidos y los enfermos por la pandemia y de los miles de profesionales sanitarios que a diario luchan contra ella.
En memoria de las víctimas -ha anunciado Sánchez-, el Gobierno decretará luto oficial cuando la mayor parte del país esté en la fase 1 de la desescalada, y se celebrará un homenaje público cuando se den las necesarias condiciones de salud pública.
Papel protagonista de las comunidades autónomas
En relación con la desescalada, el jefe del Ejecutivo ha abogado por la cautela en cada una de sus cuatro fases de aplicación y ha pedido a la ciudadanía que extreme su responsabilidad.
Este regreso a la normalidad -ha explicado- será asimétrico y cogobernado por el Gobierno y los ejecutivos autonómicos. Aunque las validaciones últimas dependen del Ministerio de Sanidad y de la evolución del virus, el proceso es adaptable y participativo y las comunidades autónomas tendrán un «papel protagonista», ha apuntado.
Sánchez ha detallado que las comunidades remitirán a Sanidad sus propuestas, indicando los territorios que cambian de fase, las medidas que van a adoptar, un análisis de las capacidades estratégicas del sistema sanitario y de la evolución epidemiológica y cualquier aspecto económico, social o de movilidad relevante.
Entre los requisitos que deberán cumplir, figuran la capacidad de instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y dos camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes y la actualización del panel de indicadores sobre su situación. Sanidad estudiará con cada comunidad la propuesta planteada y se adoptará una decisión, preferentemente de manera consensuada. Además, las comunidades tendrán capacidad interpretativa de las órdenes que se dicten.
