Redacción. La Junta de Andalucía ha recibido un total de 320 solicitudes durante la primera semana del plazo, abierto el pasado 8 de julio, para solicitar las ayudas extraordinarias al alquiler de vivienda habitual con el objetivo de minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias con escasos recursos.
Han señalado que durante estos días 214 solicitudes se han realizado de manera telemática, mientras que otra 106 se han hecho de forma presencial, en el registro y con cita previa. En total, Cádiz dispone de un importe que asciende a 5.674.451 euros y se calcula que podrán beneficiarse, aproximadamente, unas 1.576 familias gaditanas, pudiéndose inscribir hasta el 30 de septiembre, día hasta el que está abierto el plazo para pedir unas ayudas que se podrán solicitar con carácter retroactivo desde el 1 de abril y durante un período de seis meses.
La delegada de Fomento, Mercedes Colombo, ha animado a los gaditanos que más lo necesiten a que presenten su solicitud para poder acceder a esta ayuda con la que poder pagar su alquiler de forma más cómoda y asequible.
Deberán cumplir una serie de requisitos
Los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, como encontrarse en el paro, en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o ser autónomo con una disminución de los ingresos del 30 por ciento. Además, deben estar empadronados en la vivienda de alquiler desde hace al menos seis meses y no disponer de vivienda en propiedad.
Con carácter general sus ingresos deben ser menores de tres veces IPREM (1.613 euros al mes) en el mes anterior a la solicitud y el pago de la renta del alquiler más los suministros básicos (luz, agua, electricidad, gas, comunidad) tiene que ser superior al 35 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
Estas ayudas fueron aprobadas en la Orden Ministerial 336/2020 de 9 de abril por la que se incorpora, sustituye y modifican programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en cumplimiento del Real Decreto 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19. El desarrollo y gestión de estas ayudas es competencia de las comunidades autónomas.
