Los 27 aprueban el mandato que permitirá iniciar las negociaciones con Reino Unido sobre Gibraltar

Redacción. Los Veintisiete han aprobado este viernes el mandato que fija las líneas rojas de negociación de la Unión Europea respecto a su relación futura con Gibraltar y que permitirá iniciar ahora las conversaciones formales con Reino Unido para acordar el nuevo marco, en el que Londres y Madrid coinciden en retirar la Verja a cambio de controles en el aeropuerto y puerto.

La Comisión Europea, encargada de negociar en nombre de los 27, presentó su propuesta de mandato el pasado julio pero durante estos meses las capitales han introducido «una serie de cambios» en el documento antes de contar con el visto bueno de todos los Estados miembro.

El texto, que el viernes ha recibido el aval de los embajadores pero no será formalmente adoptado hasta la próxima semana en una reunión ordinaria de ministros de la UE, se mantiene en secreto porque la UE no quiere desvelar sus claves antes de arrancar las conversaciones con los británicos.


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Uno de los asuntos más controvertidos de la relación futura es el modo en que se controlará el paso fronterizo si se acepta suprimir la Verja, tal y como consensuaron en un acuerdo interino Reino Unido y España, porque Bruselas pidió que sea España quien asuma dicho control en el aeropuerto y el puerto pero Londres rechaza de plano esa opción.

Para contentar al Gobierno británico y facilitar el acuerdo, España abogó por que fueran agentes de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex) quien se hiciera cargo de los controles y durante la negociación de los Veintisiete indicó que había solicitado a sus socios incluir esta posibilidad en el documento.

De salida, según fue redactado por el Ejecutivo comunitario, el mandato no hacía ninguna referencia a Frontex y señalaba a las autoridades españolas como responsables, aunque luego en público Bruselas dijo que existía un «compromiso» de que España acudiría a Frontex para delegar la tarea.

Para Reino Unido, sin embargo, la idea de que el texto legal estableciera que es España quien tuviera la responsabilidad del control fronterizo y el papel de Frontex quedara relegado a un compromiso expresado al margen era insuficiente porque pondría en riesgo su soberanía.

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