Rocio Sampere, Presidenta de la Asociación Madrileña de Mediación, Directora del Master TFP UNIR habla sobre la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia que introduce como requisito de procedibilidad los MASC y en concreto la mediación
La Asociación Madrileña de Mediación (AMM) expresa su satisfacción tras la aprobación, el día 19.12.2024 en el pleno del Congreso, del Proyecto de Ley Orgánica de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece como previo y de procedibilidad, el requisito de acudir a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos (MASC) antes de judicializar cualquier disputa.
Este avance legislativo marca un hito importante en el impulso a la resolución extrajudicial de conflictos, una de las principales apuestas de la AMM desde su fundación.
«Nuestra Asociación ha estado y está presente en el Foro de Mediación del Ministerio de Justicia, Presidencia y Relación con las Cortes, también con IDM (Instituciones para la difusión de la mediación), con universidades, centros de formación, otras asociaciones y todas aquellas entidades y personas interesadas en promover métodos pacíficos y constructivos para la resolución de conflictos».
Se persigue, según consta en el prólogo de la ley, devolver el protagonismo al ciudadano, el texto que se aprueba no solo reconoce la importancia de los MASC, sino que también facilita el acceso de los ciudadanos a soluciones más rápidas, económicas y satisfactorias para sus conflictos. Ello porque vemos un ciudadano insatisfecho por la excesiva judicialización, por el coste emocional y económico de los sistemas adversariales y porque precisa más protagonismo. Es un ciudadano del siglo XXI de la tecnología y de la información, de la segunda opinión, que no precisa un sistema que le sustituya, sino que le apoye.
«Hemos de felicitarnos; seguimos la ruta del derecho comparado, y que Europa nos fijó ya en el año 2008, y vemos que con esta norma se pretende impulsar una justicia más cercana, ágil y accesible para todos».
«Este paso fortalecerá la cultura de la mediación, también otros métodos, promoviendo la colaboración entre las partes en conflicto y reduciendo los sistemas adversariales, el legislador nos dice que acudiremos al ‘Templo de la concordia’ antes de ir al ‘Templo de la Justicia'».
La mediación es el sistema «estrella», regulada desde el 2012 por una ley estatal, amén de otras comunitarias, ofrece un sistema estructurado, ágil y que da todas las garantías de seguridad que deben llegar al ciudadano. Un sistema voluntario y absolutamente confidencial.
El requisito que impone esta ley es haber intentado un método de resolución de conflictos, de buena fe, y la consecuencia de no hacerlo es la condena en costas en caso de un procedimiento judicial posterior. Se incluye el concepto «abuso del servicio público de justicia», sancionando a quien acuda a los Tribunales con fines dilatorios o cuando sus peticiones carezcan de justificación.
Es, la mediación, el único método autocompositivo puro, en el que los interesados -ellos mismos- estarán acompañados de un equipo mediador especialista en la materia sobre la que verse el conflicto, imparcial y neutral, que en un espacio seguro de comunicación intentará que las partes consigan el acuerdo que sea su «traje a medida». El mediador no juzga, no decide, su actividad va dirigida a apoyar a las partes para que pongan en la mesa sus necesidades. Él se ocupa del aspecto formal, las decisiones se reflejan en actas que tienen efectos jurídicos. El lugar, el precio, el tiempo, la lengua la deciden las partes con el mediador,
«Desde la Asociación, reiteramos nuestro compromiso con la implementación de esta ley y con la promoción de métodos de resolución de conflictos de calidad que favorezcan a la ciudadanía. Trabajaremos activamente para garantizar que el sistema de MASC se desarrolle bajo los más altos estándares de formación y eficacia, y para que los ciudadanos cuenten con los recursos necesarios para hacer uso de estos procedimientos de forma informada y con acceso seguro».
«Nuestros mediadores son profesionales acreditados, con formación de origen en distintas áreas del saber (sociólogos, psicólogos, juristas, filósofos, economistas, trabajadores sociales…) y después una formación especial en formación y en la especialidad que pretenden desarrollar».
Las mediaciones más solicitadas versan sobre familia: divorcios, medidas paternofiliales, división de patrimonios, mediación educativa, empresa, trabajo, sanidad, etc.
«Confiamos en que esta medida impulsa la transformación del sistema judicial en una dirección más eficiente y AMM tendrá entre sus objetivos, como desde hace más de quince años, ofrecer servicios de máxima calidad».