Redacción. Un total de 2.995 personas en situación de vulnerabilidad social pudieron evitar en 2020 cortes de suministros básicos como luz, agua o gas en sus hogares gracias al Programa contra la Pobreza Energética de la Diputación, que financia la delegación de Bienestar Social y que se canaliza a través de 40 ayuntamientos, los de los 30 municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y los de las diez entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.
Esta iniciativa, puesta en marcha durante los últimos años, se diseña para evitar el corte de suministros energéticos básicos en hogares de familias de rentas bajas y ha permitido evitar el impago de 3.728 facturas a familias que no podían afrontarlas.
Por su parte, el diputado David de la Encina ha contextualizado los beneficios de este plan «que llegó en un momento de urgencia social, con la pandemia y sus efectos en la economía y el empleo castigando a las personas más vulnerables, quienes, gracias a esta protección que les brinda el gobierno provincial que preside Irene García, no se han visto privadas de derechos fundamentales para su calidad de vida y su dignidad personal, como son los suministros de recursos básicos».
Se han disparado desde el Estado de Alarma
El diputado ha recalcado que este programa ha podido ser efectivo como en años anteriores pese a que las necesidades de las personas vulnerables se han disparado desde el Estado de Alarma, «en parte gracias a los diferentes recursos extraordinarios que la Diputación ha ofrecido para paliar las nuevas necesidades, como el fondo social Post-Covid, y el resto de programas que han supuesto una movilización sin precedentes de hasta 50 millones de euros, y que han ayudado a los colectivos más desfavorecidos al complementarse con el Programa contra la Pobreza Energética para que en ningún hogar de la provincia se produzcan cortes de suministros».
Las ayudas han ido destinadas principalmente a costear recibos de la luz, en una cantidad de 2.205, casi el doble que los de agua, que han sumado 1.609. Otras 44 facturas, en este caso de gas, han sido cargadas a este programa. De las 2.995 personas beneficiarias, 2.763 residen en municipios de población inferior a los 20.000 habitantes y 232 en entidades locales autónomas de la provincia.
Según ha señalado Diputación, un muy representativo número de las unidades familiares presentan realidades vitales que agravan su condición de vulnerabilidad: más de 800 con expedientes de seguimiento abiertos por los servicios sociales, otros en situación de dependencia, familias monoparentales o incluso víctimas de violencia de género.
Reservan una cantidad de 300.000 euros
Para el presente año la Diputación ha renovado este programa y reserva una cantidad de 300.000 euros que se transfiere a los ayuntamientos, con quienes se firman convenios que regulan las ayudas. Cada ayuntamiento recibe una cantidad que oscila entre los 3.000 y los 15.000 euros, según la población y, en consecuencia, el número de casos potenciales.
El procedimiento que han de seguir las personas con riesgo de sufrir un corte en suministros básicos consiste en dirigirse a los servicios sociales de su localidad, que cuentan con técnicos municipales y personal de Diputación que se harán cargo de poner en marcha los expedientes que correspondan.
Las localidades con menos de 1.500 habitantes reciben 3.000 euros; los ayuntamientos de poblaciones de entre 1.501 y 5.000 habitantes, 6.000 euros; las localidades de entre 5.001 y las 7.000 personas, 8.000 euros; los municipios de entre 7.000 y 10.000 habitantes, 10.500 euros; y los de entre 10.001 y 20.000 habitantes, recibirán 15.000 euros para ayudas. Aproximadamente una sexta parte del total, 44.000 euros, se destina a las entidades locales autónomas
