Redacción. El Ayuntamiento de Cádiz iniciará en la próxima semana una campaña de control de la ordenanza reguladora de las terrazas de la ciudad, con la colaboración de la Policía Local.
Esta medida se pone en marcha por petición de la patronal de la hostelería gaditana (Horeca), Cádiz Centro Comercial Abierto y la Asociación Gaditana de Personas con Discapacidad Física (Agadi), después de que el pasado mes de septiembre pidieran en la mesa de seguimiento de dicha ordenanza un mayor control para evitar la instalación de mesas y sillas en la vía pública sin la preceptiva autorización o bien, ocupando más metros de los autorizados.
Los tres colectivos se pronunciaron en esa línea, reclamando sanciones a quienes incumplen esta normativa, al considerar que no es de recibo que haya locales que instalen sus terrazas sin contar con la autorización pertinente.
En la mesa de seguimiento se proporcionaron los datos actualizados de autorizaciones de terrazas. Asimismo, se informó de que fue en el primer trimestre de 2020 cuando se empezó a aplicar de mejor manera la ordenanza, exigiéndose todos los documentos y planos a los hosteleros. Y también se habló sobre las restricciones en el interior de los locales, lo que motivó dar prioridad a los que necesitaban obtener terraza en aparcamiento, y en su caso, aquellos que podían aumentar el número de mesas que venían instalando sin mermar los principios de la misma ordenanza.
En cuanto al cumplimiento de las normas de accesibilidad, se informó a las personas presentes en la mesa de que se había otorgado a los hosteleros un plazo mayor para realizar las obras necesarias para la adaptación de los locales. No obstante, tras un período de tiempo aún sin especificar desde la Delegación de Urbanismo se exigirá la realización de estas actuaciones, con apertura de expedientes tanto sancionadores como de restitución en el caso de que no se ejecuten.
El concejal de Vía Pública y Urbanismo, Martín Vila, recuerda que el incumplimiento de la ordenanza reguladora de mesas y sillas «merma la accesibilidad y el uso público de las calles y plazas, además de generar un agravio a los hosteleros que sí cumplen con la misma».
