Cádiz defiende la vivienda pública para los terrenos de Casitas Bajas

Redacción. La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha afirmado que “este Ayuntamiento mantiene su apuesta firme y decidida por la vivienda pública”. Tubío ha salido al paso de las informaciones publicadas sobre los intereses de la empresa privada propietaria de una parte del suelo para construir una torre de viviendas en el terreno UE-EX02R2 Barriada España conocido por Casitas Bajas “obviando que las políticas en materia de vivienda de este equipo de gobierno son las de fomentar las viviendas protegidas”.

La concejala ha recordado que “desde que llegó este Equipo de Gobierno dimos un cambio de rumbo a las políticas de viviendas que se estaban haciendo en la ciudad haciendo una clara apuesta por la vivienda pública y por facilitar el acceso a una vivienda a las personas con menos recursos”. Ejemplo de ello han sido las promociones de Santa María, 10, en la calle Botica o las de Doctor Marañón “que precisamente mañana entregamos”. Estas viviendas estaban calificadas como libres y “las cambiamos a VPO incrementando así el parque municipal y garantizando una vivienda digna a familias en situación de vulnerabilidad”.

Eva Tubío ha explicado que el suelo al que se refiere la empresa tiene tres propietarios. “Uno es la propia empresa que posee el 30% pero el 70% restante corresponde a Procasa y al Ayuntamiento. La oferta que ha presentado la empresa es para la construcción de forma libre y privada de 102 viviendas para ellos, a cambio de 16 para el Ayuntamiento y Procasa, lo que a todas luces resulta descompensado al ostentar nosotros el 70% del aprovechamiento.”


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La concejala ha afirmado que actualmente el suelo está calificado en el PGOU como renta libre, un PGOU que según ha recordado “fue aprobado por el PP quien tiene una visión totalmente mercantilista de la vivienda y no la considera como un derecho”. Es por esto por lo que “estamos trabajando por cambiar esta calificación en pro de la vivienda pública”.

No obstante, ha precisado Eva Tubío, en el supuesto caso de que el Ayuntamiento estuviese interesado en vender, “que no lo está”, tendría que “sacar una oferta pública y no puede hacerlo de forma directa. Este proceso garantizaría por una parte la igualdad de oportunidades dentro del sector pero también que la empresa adjudicataria mostrara su solvencia y así evitar que se vuelvan a repetir en la ciudad episodios como el vivido en los Chinchorros cuyas familias han tardado más de 20 años en residir en sus nuevas viviendas”.

Eva Tubío ha insistido en que la intención del Ayuntamiento “es cambiar la calificación del suelo para construir vivienda pública” y que no obstante se hará de manera inmediata para que la parte privada pueda disponer del suelo que le pertenece.

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