Rescatadas 14 mujeres colombianas obligadas a prostituirse en Algeciras y Los Barrrios

Redacción. La Policía Nacional ha detenido en las localidades gaditanas de Algeciras y Los Barrios, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Salamanca, a 14 personas como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal e infracción a la Ley de Extranjería. La red captaba a las víctimas en Colombia y les ofrecían trabajo como camareras para, una vez en España, obligarlas a ejercer la prostitución en dos casas de citas ubicadas en ciudades del Campo de Gibraltar.

Durante la operación han sido rescatadas en el Campo de Gibraltar 14 víctimas que se encontraban en régimen de semiesclavitud, se han realizado cuatro registros domiciliarios, se ha desarticulado la estructura de colaboradores y controladores de la red y se han desmantelado los domicilios seguros empleados en la ciudad de Algeciras.

La investigación se inició el pasado mes de julio cuando se detectó en Algeciras a una persona que había sido engañada para venir a España ofreciéndole trabajo como camarera y que finalmente fue obligada a prostituirse en contra de su voluntad bajo control de los miembros de una organización.


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Los explotadores exigían a la víctima de forma violenta el pago de una supuesta deuda adquirida con la organización criminal, siendo privada de su libertad y recluida en la casa de prostitución, hasta que pudo escapar en un descuido.

Amplia infraestructura en Colombia

Las primeras pesquisas permitieron descubrir la existencia de una organización criminal con base en Colombia y España con una amplia infraestructura para la realización de actividades dedicadas a la trata de seres humanos y explotación sexual, así como el tráfico de drogas a media escala en Algeciras y Los Barrios.

Las víctimas eran captadas y engañadas con distintos pretextos para venir hasta España bajo la promesa de obtener trabajo, de manera que una vez en Algeciras, tras facilitar su traslado desde Colombia, eran obligadas a prostituirse en dos casas controladas y explotadas por los delincuentes.

El entramado de la organización en España tenía la misión de recoger a las víctimas a su llegada por vía aérea a territorio español. Estas mujeres eran previamente captadas en Colombia en zonas de bajo nivel socioeconómico, con un perfil de vulnerabilidad muy alto que hacía que su precaria situación les hiciera aceptar las propuestas de trabajo en busca de una vida mejor.

Posteriormente, eran trasladadas a pisos de seguridad con que contaba la organización criminal en la localidad de Algeciras y Los Barrios para someterlas a amenazas y violencia sobre su persona o familiares en el país de origen, hasta lograr vencer su negativa a prostituirse y que satisficieran una supuesta deuda adquirida por el pago del viaje.

Cobraban 6.000 euros a las víctimas

La organización cobraba a cada víctima alrededor de 6.000 euros por introducirlas ilegalmente en España, de manera que hasta que se producía el pago de la deuda las obligaban a prostituirse. Las mujeres debían de estar disponibles las 24 horas del día, sin que durante ese período recibiesen cantidad alguna por los servicios sexuales realizados y sin poder negarse a las prácticas demandadas.

Además, según la Policía, la red criminal llevaba a cabo un férreo control sobre las víctimas, estando permanentemente controladas con cámaras y vigiladas por miembros de la organización, que asimismo accedían a los teléfonos y redes sociales de las mismas para dificultar el que pudiesen denunciar los abusos y hechos criminales de los que eran objeto.

Finalmente, fruto de las intensas vigilancias, los investigadores consiguieron identificar a los responsables de la organización, así como localizar los domicilios ubicados en las localidades de Algeciras y Guadacorte, en Los Barrios, donde retenían a las 14 víctimas de explotación sexual, además de alojarse los principales miembros de la organización.

Los principales organizadores llevaban un elevado nivel de vida a cuenta de los importantes beneficios obtenidos de la explotación sexual de las víctimas, así como por la venta de sustancias estupefacientes a los clientes, de manera que durante los registros practicados en se produjo la incautación de cerca de 97.000 euros, sustancias estupefacientes y varios vehículos de alta gama.

Una vez finalizado el atestado policial, los detenidos fueron puestos a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional para cuatro de ellos.

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