Redacción. La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta ha abonado 1,27 millones de euros a los colegios profesionales de abogados y procuradores de Cádiz en concepto de prestación de los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita en la provincia en el segundo trimestre de este año. El pago se ha hecho aplicando por primera vez el nuevo Reglamento, aprobado a finales de julio por el Consejo de Gobierno, lo que ha permitido agilizar y recortar los plazos.
La Consejería que dirige Juan Marín ha podido abonar un primer pago con el que se saldan las certificaciones correspondientes tanto al turno de oficio como al de guardias realizados durante el segundo trimestre del año y que cumplen con todos los requisitos necesarios.
En un segundo pago, por tanto, quedan todas aquellas que por algún motivo presentan errores o les falta alguna documentación y que deben corregirse y remitirse de nuevo a la Consejería para su subsanación. De esta forma, en esta primera tanda se han transferido a los colegios profesionales de toda Andalucía 6.408.993,30 euros. Una vez que el resto de certificaciones se acrediten correctamente, se procederá a su abono.
Sufragar la prestación realizada por los abogados
En concreto, del más de 1,2 millones que corresponden a Cádiz, la mayor parte —1,19 millones de euros– se destina a sufragar la prestación realizada por los abogados. Así, por el turno de oficio los letrados recibirán un total de 923.571,76 euros y 271.145 euros por el turno de guardia. Por su parte, a los procuradores gaditanos les corresponden 76.708 euros por el turno de oficio.
El delegado territorial de Justicia en Cádiz, Miguel Rodríguez, ha destacado que «la aplicación del nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita es una buena noticia para los profesionales que prestan este servicio, pues gracias a esta reforma que se ha acometido ha sido posible acortar los plazos en los que se venía produciendo el abono».
Asimismo, el delegado ha recordado «el compromiso firme que adquirió este nuevo Gobierno con estos profesionales» y ha resaltado que «no era de recibo que sufrieran estas demoras en el pago». Con el nuevo Reglamento «hemos logrado recortar los tiempos y aquellos que entreguen sus certificaciones de forma correcta pueden cobrarlas, sin que tengan que esperar a que estén subsanadas y aprobadas todas», ha asegurado.
Por último, Rodríguez ha destacado que «aunque se quería activar este nuevo sistema antes, el Estado de Alarma retrasó la tramitación de la reforma del Reglamento. El hecho de que esta reducción en los plazos de pago se produzca precisamente ahora, es muy importante, pues muchos abogados y procuradores han visto recortados sus ingresos con la pandemia».
